14 de agosto de 2014

Villa Nueva: Anulan operativo de drogas por graves irregularidades

Declararon nulo un allanamiento en el que se secuestraron 20 kilos de droga en Villa Nueva, ya que fue autorizado por un juez de Paz. Sospechas contra una pareja de policías. Fuente: La Voz del Interior.

 imagesCámara Federal de Apelaciones declaró nulo un allanamiento en el que se secuestraron 20 kilos de droga en la localidad de Villa Nueva, separada por un puente de la ciudad de Villa María, ya que el procedimiento había sido ordenado por un juez de Paz.

El fallo deja al descubierto el accionar del policía Leonardo René Rivero que junto a su esposa Andrea Miranda, también policía, fueron denunciados en mayo de 2012 por pedir una supuesta coima de 60 mil pesos a Rafael Deheza, propietario del inmueble ahora allanado, quien a partir de ese momento “habría sufrido una persecución”.

El 12 de septiembre de 2013, alrededor de las 15, según consta en el expediente, Rivero 
dice que recibe una llamada anónima, dando cuenta de 
que un par de horas más tarde se descargarían autopartes robadas en el domicilio de 25 de Mayo 2144.

En realidad, a esa hora arribó a ese domicilio una camioneta de la que se bajó sólo una caja que contenía poco menos de 20 kilos de marihuana.

Ante la denuncia anónima –algo que en la Justicia federal no se creyó ya que se sospecha que Rivero sabía que lo que realmente iban a llevar era droga– se solicitó una orden de allanamiento al juez de paz de Villa Nueva, en lugar de ir a Villa María y solicitar idéntica medida al juez de Control.

Cabe aclarar que no podían pedir allanamientos a la Justicia federal porque hipotéticamente se trataba de elementos robados y correspondía actuar a la justicia provincial.

A resultas de la orden emanada del juez de Paz fueron detenidos Gustavo Alejandro Deheza, Héctor Rafael Deheza, Sandro Fabián Machado, Ramón Antonio Almada y Verónica Analía Ocanto, todos acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El irregular procedimiento fue convalidado por Roque ­Ramón Rebak, juez federal 
de Villa María, lo que mereció dos recursos ante la Cámara Federal de Apelaciones de ­Córdoba.

Las apelaciones fueron presentadas por Beatriz De Césaris de Pairola, por la fiscalía federal de esa ciudad, y por los abogados Sebastián Becerra Ferrer y Carlos Hairabedian, defensores de Ocanto.

Críticas

El máximo tribunal federal de Córdoba, presidido por Luis Roberto Rueda e integrado además por Abel Sánchez Torres y José María Pérez Villalobo, expuso una serie de argumentos trascendentes desde el análisis jurídico para revocar el allanamiento ordenado por el juez de Paz, más allá de que en circunstancias “excepcionales” puedan extender órdenes de allanamiento amparados por una ley provincial.

En cuanto a la actuación ­policial, los jueces sostienen que en la causa “obran elementos que permiten conjeturar que los policías actuantes, ­oficial principal Leonardo Rivero y cabo Andrea Miranda, quienes a su vez son esposos, 
al momento de solicitar la orden de allanamiento en cuestión, podrían haber contado con motivos para proceder en forma irregular”.

En ese sentido, destacan: “Efectivamente, en el mes 
de mayo de 2012, Rafael Deheza, quien sería titular del do­micilio irregularmente alla­nado, denunció al policía Ri­vero ante el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de Córdoba.

Concretamente, en la presentación judicial manifestó que Rivero le pidió 60 mil 
pesos para que no lo molestara y que a partir de allí comenzó a perseguirlo y a llamarlo 
en reiteradas ocasiones para que le diera el dinero”.

Más adelante, el fallo señala que el personal policial contaba con más de dos horas para solicitar la orden de allanamiento al juez de Control de Villa María.

Esto “era absolutamente factible si se tiene presente que entre Villa Nueva y dicha localidad la distancia es de escasos kilómetros y que se trataba de un día y un horario hábiles en términos judiciales, es decir que nada le impedía solicitar la manda judicial al juez de Control”, indican los jueces.

Acto seguido, la Cámara sostiene que todas esas circunstancias “determinan 
la declaración de nulidad del ­procedimiento realizado, 
pues no se ha cumplido con 
el debido proceso legal, en razón de que el accionar policial ­evadió la competencia del juez natural”.

Además de la nulidad del allanamiento, el tribunal ­aludió a “la gravedad jurídica y trascendencia de las cues­tiones analizadas”, las que ­tornan “absolutamente ne­cesario notificar a las dele­gaciones de la Policía de Cór­doba, en especial a las del departamento San Martín y puntualmente la que tiene asiento en la ciudad de Villa Nueva, el contenido y alcance de la presente resolución”.

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